La Justicia citó a indagatoria a Tapia y le prohibió salir del país

La causa investiga una presunta evasión por más de $19.300 millones en retenciones impositivas y aportes a la seguridad social vinculados a la AFA.
20/02/2026Redacción El Informe de CeresRedacción El Informe de Ceres

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La Justicia federal citó a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, el juez ordenó la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

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La decisión fue adoptada por el juez Diego Amarante, quien fijó las audiencias indagatorias para el 5 de marzo, en el caso de Tapia, y para el 6 de marzo, en el de Toviggino. La medida también alcanza al presidente de Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina; a Gustavo Lorenzo; y al expresidente de Racing Club, Víctor Blanco.

La investigación se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA, que acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin ingresar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días posteriores a su vencimiento.

Según consta en el expediente, los períodos investigados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones vinculadas al IVA, al Impuesto a las Ganancias y a contribuciones a la seguridad social. En la denuncia original, el monto no depositado en tiempo y forma fue estimado en $7.593.903.512,23, mientras que una ampliación posterior elevó la cifra a $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera así los $19.300 millones.

ARCA sostuvo que las maniobras investigadas configuran el delito de omisión, al tratarse de recursos que “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”. En ese sentido, el organismo afirmó que la falta de depósito implica una “indebida apropiación de caudales públicos”.

El ente recaudador también argumentó que el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. Según la presentación, la AFA habría conocido su obligación y contado con capacidad financiera para cumplirla, pero optó por no realizar los depósitos.

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