Redacción El Informe de Ceres
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito para responder las dudas del fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
El exfuncionario tenía plazo hasta este martes para entregar la documentación solicitada por las inconsistencias detectadas en la investigación. El documento fue presentado en la noche del domingo por su abogado, Matías Ledesma, y consta de 78 páginas.
La presentación busca responder las 20 preguntas que el fiscal consideró que todavía no tenían una justificación suficiente, entre ellas el dinero en efectivo y la compra del inmueble en Indio Cuá.
De acuerdo con la explicación presentada, Adorni negó las acusaciones y sostuvo que la evaluación patrimonial desde su ingreso a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida en junio de este año, “encuentra sustento razonable y verificable”.
Uno de los puntos observados por Pollicita es una diferencia de más de $43 millones entre los ingresos y los gastos conjuntos de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La defensa sostuvo que se trata de una “brecha residual” y no de una “desproporción manifiesta”.
Sobre las dudas vinculadas con operaciones con criptomonedas no reguladas, el exfuncionario señaló que se realizaron mediante ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública, y que esas billeteras se encuentran vacías.
Uno de los puntos centrales del requerimiento era el origen de los US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 en efectivo que aparecieron en distintas declaraciones juradas rectificativas bajo el concepto de “venta de activos” en 2023, 2024 y 2025, respectivamente.
La respuesta de Adorni fue que esos fondos correspondían principalmente al producto de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin. Según afirmó, esas billeteras generaron en total US$591.544,61 al momento de vender las criptomonedas.
La defensa aseguró que las ocho billeteras pertenecían a Adorni y presentó un acta notarial para respaldar esa afirmación. Según la presentación, un escribano certificó que el exfuncionario pudo firmar mensajes utilizando las claves privadas correspondientes a cada una de las direcciones.
Respecto de la vivienda en el Country Indio Cuá, Adorni afirmó que la operación costó US$ 120.000 y que gran parte se financió con un préstamo hipotecario. También negó que las remodelaciones hayan costado US$ 245.000, como señaló el contratista Matías Tabar, y sostuvo que el desembolso real fue de US$ 175.000 de ahorros.
Otro punto analizado por la Justicia es la compra de un departamento en Caballito, cuyo precio fue pagado en dólares en efectivo. Según Adorni, ese dinero también provino de sus ahorros.
En relación con las rectificaciones en su declaración jurada por dólares no declarados, el exjefe de Gabinete planteó que no constituyen un “indicio de ocultamiento”, ya que, según su postura, restablecen por iniciativa propia la exactitud de lo declarado.
El fiscal Pollicita deberá determinar si la documentación entregada por Adorni alcanza para responder las dudas pendientes dentro del expediente. Si considera que las explicaciones no son suficientes, podría ordenar nuevas medidas de prueba e incluso convocar a indagatoria tanto al exfuncionario de Javier Milei como a su esposa.
