Redacción El Informe de Ceres
Más de 100 escuelas públicas de Santa Fe ya fueron beneficiadas por el programa de donaciones que impulsa el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La iniciativa transforma bienes y fondos recuperados del delito en recursos destinados a fortalecer la educación, el deporte y el trabajo de instituciones de bien público en toda la provincia.
En ese contexto, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó el crecimiento del programa: “Ya son más de cien las instituciones beneficiadas en toda la provincia de Santa Fe y vamos a seguir avanzando para llegar a cada rincón del territorio provincial”.
Durante esta semana se concretaron dos nuevas donaciones en la zona norte de Rosario. La primera se realizó en la Escuela Primaria República Oriental del Uruguay, ubicada en Salvat 1150, y la segunda en la Escuela Primaria San José de Calasanz, en bulevar Rondeau 3921.
De las actividades participaron el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, y el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich.
En ambas instituciones se entregaron elementos deportivos, pizarrones, mesas de ping-pong, pelotas, guitarras, pecheras y otros materiales destinados a potenciar las actividades educativas, recreativas y de integración de los estudiantes.
Figueroa Escauriza explicó que los insumos entregados “fueron adquiridos con dinero recuperado del delito”, y remarcó que la política responde a una decisión sostenida desde el inicio de la actual gestión. “Lo que alguna vez estuvo vinculado a actividades ilícitas vuelve a la sociedad y a la educación pública. Es una manera de reparar, resignificar y transformar esos recursos en oportunidades para quienes más los necesitan”, señaló.
El programa forma parte de una estrategia provincial que busca debilitar la capacidad económica de las organizaciones criminales mediante el decomiso de bienes vinculados a actividades ilícitas. Posteriormente, esos recursos son reutilizados con fines sociales, incorporados al patrimonio del Estado o comercializados a través de subastas públicas.
De esta manera, el dinero y los bienes recuperados regresan a la comunidad convertidos en equipamiento, infraestructura y servicios para escuelas e instituciones de bien público, generando un circuito que transforma los recursos provenientes del delito en beneficios concretos para la sociedad.
