Redacción El Informe de Ceres
La Argentina cuenta desde ahora con un nuevo Régimen Penal Juvenil, tras la sanción de la Ley 27.801 aprobada por el Congreso y publicada en el Boletín Oficial.
La normativa establece el sistema de responsabilidad penal aplicable a adolescentes y fija reglas, derechos y garantías para los procesos judiciales que involucren a personas menores de 18 años acusadas de cometer delitos.
La ley define que el régimen se aplicará a personas adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputadas por hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en leyes especiales.
Según el texto legal, el objetivo central es promover que los jóvenes comprendan la responsabilidad de sus actos y, al mismo tiempo, impulsar procesos de educación, resocialización e integración social para evitar nuevas conductas delictivas.
El nuevo marco legal fija que la responsabilidad penal juvenil comenzará a partir de los 14 años, una definición que establece el ámbito de aplicación del sistema. La edad debe determinarse según el momento en que ocurrió el hecho investigado y se acreditará mediante documentos oficiales o pruebas que permitan verificarla.
Si no se pudiera determinar con certeza la edad del imputado, la normativa establece que deberá recabarse evidencia adicional, como informes o peritajes. En caso de persistir dudas luego de esas evaluaciones, se presumirá la minoría de edad.
La ley también señala que, cuando no existan disposiciones específicas en este régimen, se aplicarán de forma supletoria las normas del Código Penal, siempre que no se opongan a los principios establecidos en la nueva normativa.
Uno de los aspectos centrales del sistema es que el proceso judicial deberá garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes conforme a la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes vigentes en el país.
Entre las garantías previstas se incluyen el derecho a defensa, el debido proceso, la asistencia legal desde el inicio de la investigación y la posibilidad de guardar silencio. Además, el régimen establece que las medidas restrictivas de derechos deberán aplicarse solo cuando sean indispensables y de manera proporcional.
También se fija el principio de confidencialidad del proceso: en general, se prohíbe la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan identificar al adolescente imputado.
