Redacción El Informe de Ceres
Quedó en prisión preventiva un hombre de 35 años que es investigado por haber amenazado a su expareja en Ceres (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.
El fiscal Emiliano Odriozola investiga lo sucedido y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son WDC, transite el proceso judicial privado de su libertad. La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la medida cautelar por el término de 60 días.
Odriozola afirmó que “el martes de la semana pasada aproximadamente a las 11:30, el hombre investigado llevó a cabo su accionar delictivo en la vía pública”. Relató que “se acercó a su expareja, quien circulaba en moto con una amiga, y la amenazó con matarla mientras le hacía señas de que le cortaría el cuello”.
El fiscal agregó que “tras la amenaza, el imputado intentó tomar a la víctima del cabello”, y aclaró que “no lo logró gracias a la intervención de la otra mujer y de un hombre que estaba en el lugar”.
Asimismo, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación indicó que “al momento del amedrentamiento, el imputado estaba notificado de una restricción de acercamiento a su expareja, la cual se le había impuesto en septiembre del año pasado y aún estaba vigente”. En tal sentido, remarcó que “con su conducta ilícita, violó la orden judicial”.
Odriozola informó que “la jueza consideró que las circunstancias de tiempo y de lugar y la participación del imputado en los hechos atribuidos por la Fiscalía en base a las evidencias recolectadas, no estaban controvertidas”.
Riesgos procesales
El fiscal además planteó que “la magistrada sostuvo que por tratarse de amenazas cometidas en un contexto de violencia de género, mientras estaba vigente una prohibición de acercamiento a la víctima, y por antecedentes de incumplimiento de medidas no privativas de la libertad en el marco de otras causas, la pena en expectativa es de ejecución efectiva”. Al respecto, remarcó que “ello impacta de manera directa sobre los riesgos procesales, en particular, el entorpecimiento probatorio”.
El representante del MPA a su vez señaló que “la jueza manifestó que el riesgo de fuga también estaba acreditado”. En tanto, añadió que “era necesario resguardar los testimonios de la víctima y de los testigos”.
“En función de las particularidades del caso, la magistrada rechazó alternativas a la preventiva propuestas por la Defensa, las cuáles eran insuficientes para contrarrestar la peligrosidad procesal”, concluyó Odriozola.
Al imputado se lo investiga como autor de los delitos de amenazas simples y desobediencia a un mandato judicial.
