Todos los culpables absueltos: a 13 años del escandaloso juicio por Marita Verón

Cuando Sibila Camps fue a rastrear los vestigios del terrorismo de Estado en Tucumán, se encontró con que nadie le decía nada: pedir registros de la última dictadura allí era como buscar una aguja en un pajar. Con ese antecedente a cuestas viajó de nuevo para cubrir el juicio contra los acusados de secuestrar y prostituir a Marita Verón, iniciado el 8 de febrero de 2012.

A lo largo de ese proceso, la periodista vio repetirse los mismos rasgos que observó en sus primeros encuentros con la sociedad tucumana: normalización de la violencia, miedo y un silencio que sólo se quiebra leyendo entre líneas. “A veces hay que dar vuelta las cosas y plantearse ¿por qué no hay registro? No decir ‘ah, no hay nada, lo descarto’. A veces es al revés: tenés que ver en negativo”, prescribe.

El 8 de febrero de 2012, el Tribunal compuesto por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano comenzó a juzgar a los 13 acusados de capturar y explotar sexualmente a Marita Verón, para terminar tomando una decisión tan incomprensible como disparadora de varias manifestaciones espontáneas en distintas ciudades. Todos absueltos: los hermanos Víctor y María Jesús Rivero; Daniela Milhein y su expareja Andrés Alejandro González; Irma Lidia Medina y sus hijos mellizos, el Chenga (José Fernando) y el Chenguita (Gonzalo José) Gómez; Mariana Bustos; María Azucena Márquez; Juan Derobertis; el expolicía Pascual Andrada; Carlos Luna y su pareja Paola Gaitán.

Ante todo, el juicio por el secuestro de Marita Verón y su registro por parte de la entonces periodista de Clarín, Sibila Camps, son una muestra clara del funcionamiento de la prostitución y las redes que la manejan en nuestra región. La Red (así se llama el libro en que Camps cristalizó su cobertura) era comandada por el Clan Ale, una mafia con conexiones en varios puntos dentro y fuera de la Argentina y con contactos en la policía, el Poder Judicial y hasta los gobiernos provincial y nacional de aquel entonces.

Sin embargo, ni “la Chancha” Ale ni su hermano “el Mono” fueron juzgados en este proceso. Sí lo fueron la exesposa de Ale, María Jesús Rivero, y Daniela Milhein, vendida a “la Chancha” por su padre cuando tenía 16 años y devenida explotadora más tarde.

Numerosos testigos, sobre todo mujeres víctimas de trata de personas explotadas por los acusados, dieron cuenta de un sistema de captación, acogida y traslado a diferentes prostíbulos del país, entre los que destacaban los riojanos “Candilejas”, “Candy” y “El Desafío”. Allí y a otros establecimientos las testigos declararon haber llegado por una amiga que les prometía una salida rápida en tiempos de desesperación, por un novio que terminó vendiéndolas, por alguna falsa oferta laboral o directamente a través del secuestro abrupto. Narraron torturas de parte de los acusados y amenazas, dieron nombres y describieron el funcionamiento del sistema prostibulario y sus códigos.

Pero lo que fue aún más relevante en el marco del juicio es que algunas de las víctimas declararon haber visto a Marita Verón, retenida en dichos prostíbulos y con un bebé producto de una violación de parte del "Chenga" Gómez, proxeneta e hijo de la también acusada Irma Medina.

Además, durante el juicio se demostró la conexión de los tratantes con la policía e incluso la presencia de cómplices al interior de los poderes Ejecutivo y Judicial. El libro de Camps da cuenta de los vínculos que la Chancha Ale y María Jesús Rivero habían forjado con el menemismo a través de sus diversos negocios, que comprendían una robusta flota de taxis en Tucumán e incluso la gestión del Club Atlético de la misma provincia.

Nada alcanzó. “Ese juicio fue algo inverosímil, fue un juicio de opereta”, se indigna Camps. “No podés concebir que sean tan torpes, tan toscos, llegó un momento en que tenían todos naturalizado eso: el hecho de que no quedara registro de nada de lo que se decía. La sentencia tiene contradicciones gigantescas”, añade. A lo largo de su cobertura, registró importantes detalles, preguntas y repreguntas que los magistrados dejaron pasar, así como graves gestos de revictimización contra varias testigos. Estos últimos fueron, sobre todo, perpetrados por los abogados defensores de los tratantes. Ante cada abuso de la defensa, los jueces permanecieron pasivos o emitieron tímidas advertencias.

En los dos días previos al comienzo del juicio por Marita Verón, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, junto con la Corte tucumana, organizó un taller de formación en género y trata con fines de explotación sexual, destinado a capacitar magistrados y funcionarios de la Justicia en un delito cuyas víctimas tienen “características muy específicas, desconocidas y, por lo tanto, no comprendidas por buena parte de la sociedad”.

Ninguno de los jueces de la Sala II se tomó la molestia de asistir, lo que quizás hubiera evitado la caída en prejuicios y lugares comunes, como la normalización de la idea según la cual la prostitución es ante todo un acto individual por el cual corresponde poner el foco en las mujeres (a quienes seguro “les gusta”) y no en quienes la demandan y organizan criminalmente.

“Yo no creo que los jueces hayan cobrado un mango, creo que arrugaron, simplemente”, pondera Sibila Camps, a 13 años del juicio por Marita Verón. Insiste en el miedo: “Es difícil entender Tucumán sin conocerlo. Es una provincia irredenta”. En ese sentido, detalla que, del Operativo Independencia en adelante, el terror fue en aumento y adoptó características “diferentes a las que hubo en el resto del país”, por lo explícito de la violencia y por su magnitud. Según los informes oficiales, cerca de 700 personas desaparecieron allí entre 1974 y 1979.

“Esto desparramó el terror de una manera espantosa”, y el miedo fue tan fuerte que permitió que a día de hoy haya quienes glorifican, normalizan o hacen la vista gorda frente a figuras como la Chancha Ale o el Malevo Ferreyra, un oficial de policía que se desempeñó durante la última dictadura en Tucumán y cuyos asesinatos y torturas contra los presos lo hicieron famoso. En La Red, Sibila Camps destaca una pasividad similar frente a la propia desaparición de Marita Verón: las manifestaciones pidiendo por ella en la capital provincial nunca alcanzaron en masividad a las procesiones religiosas.

Como ella misma escribió, “la sociedad tucumana está acuñada en una matriz de miedo, que duplica lo que se calla, más que lo que se dice; y que reproduce lo que se evita hacer, antes que lo que se actúa. De eso no se habla. De aquello tampoco, por las dudas. Y de lo otro, menos que menos. Sin palabras para nombrar lo que atemoriza, tampoco se puede hacer nada para neutralizarlo”, trátese del terrorismo de Estado o la trata de personas. Para rematar, agrega que “el mejor abono para reproducir el miedo es la impunidad, sobre todo cuando está convalidada por la Justicia”.

Para dar con los represores impunes y con las desapariciones y las torturas calladas, Camps necesitó dar vuelta el lenguaje cotidiano, hurgar en el silencio, e hizo un ejercicio similar respecto del lenguaje prostibulario. Términos normales, corrientes, “burgueses” se usan para nombrar la explotación sin explicitarla, para disimularla y naturalizarla. El fiolo es el marido, los prostíbulos son whiskerías, los encargados son en verdad los patovicas que impiden la salida de las mujeres, ser prostituida es trabajar, el prostituyente es un cliente. La periodista explica que los códigos, al igual que las vejaciones, cumplen el fin de someter, quebrar la voluntad, pulverizar la autoestima, desarticular la solidaridad, infundir terror y paralizar.

“Ya están programados así y no se les ocurre que la cosa pueda ser diferente”, dice sobre los jueces, en quienes también caló la normalización de la violencia motorizada por el lenguaje. El 11 de diciembre de 2012, la revelación de la sentencia por el secuestro de Marita Verón rompió el silencio sobre el tema por un rato y el país se llenó de manifestaciones espontáneas contra la impunidad. Más tarde, los abogados de la Fundación María de los Ángeles lograron presentar otra denuncia, por lavado de activos. Entonces, el delito sí fue visible para el Poder Judicial y, en 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 13 integrantes del Clan Ale a penas de hasta 10 años.

Según los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cantidad de víctimas de trata detectadas en el mundo aumenta sostenidamente desde la pandemia, con especial incremento de la cantidad de menores víctimas: concretamente, cada vez más niñas son traficadas con fines de explotación sexual. Trece años después, Marita Verón jamás apareció, Ale murió impune, las redes de tratantes se potencian y adaptan a la era digital ante el silencio y la normalización y, por tanto, sigue urgiendo mirar en negativo.