Redacción El Informe de Ceres
La justicia decidió sobreseer a Gino C., el tirador de la escuela de San Cristóbal que en marzo de este protagonizó un tiroteo en el cual asesinó a un adolescente de 13 años e hirió a otros ocho adolescentes.
La resolución fue tomada por el juez penal José Boaglio. La defensa del joven, a cargo de Mariana Oroño y Federico Kiener, solicitaron su desvinculación del hecho ya que al momento del ataque, Gino tenía 15 años y aún no regía la actual ley penal juvenil que modificó la edad punible: pasó de los 16 años en adelante a los 14 años en adelante.
El 30 de marzo de 2026, un adolescente de 15 años ingresó con una escopeta a la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad de San Cristóbal y abrió fuego en el patio interno, en el momento en que los alumnos iniciaban su jornada educativa.
Como consecuencia, murió en el acto un alumno de 13 años llamado Ian Cabrera, y otras 8 personas resultaron con heridas de distinta gravedad. La situación generó un trauma en la comunidad en general, y el Ministerio de Educación debidó implementar un plan de acompañamiento para que los estudiantes pudieran retomar las clases luego de semanas sin asistir a la escuela.
Las pericias oficiales descartaron bullying o un brote psicótico y vincularon el episodio con redes de subculturas digitales violentas y extremistas como la True Crime Community / TCC y la red "764".
Con respecto al sobreseimiento, el fallo determinó que, por su edad al momento del hecho (15 años), no es punible ni puede recibir una condena penal bajo la legislación vigente (Ley 22.278), aunque se le atribuyó formalmente el hecho y quedó bajo medidas de seguimiento y resguardo con intervención estatal.
El periodista local Carlos Lucero analizó el impacto social del fallo firmado por el juez José Boaglio. Si bien reconoció que la resolución se ajusta al marco legal vigente para menores de 16 años, remarcó la profunda conmoción que atraviesa la localidad. "Si es legal obviamente tiene que cumplirse la legalidad porque hubo justicia de alguna forma. Ahora, sé que es un golpe muy grande el que está en San Cristóbal y lo traumático que fue todo", expresó Lucero sobre el sentir de los vecinos tras conocerse la medida judicial.
En relación con el estado de ánimo colectivo, Lucero describió que el temor y la ansiedad continúan alterando la cotidianeidad de las familias y de la comunidad educativa, la cual sigue contando con intervenciones y apoyo de profesionales de la salud mental. "Lejos estamos de superarlo, estamos todavía cursando este dolor, este estado de ánimo muy frío que hay en toda la sociedad", concluyó el periodista al advertir que la recuperación emocional del pueblo demandará un proceso de varios años.
La fiscal de la causa, Carina Gerbaldo, brindó detalles sobre la estrategia recursiva impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) frente a la resolución de primera instancia. En ese marco, confirmó que la fiscalía apeló la decisión de derivar de manera inmediata al fuero de familia el control de las medidas tutelares y de salud mental del adolescente. "Nosotros estamos discutiendo la oportunidad de que en este momento pasen la misma al fuero de familia y no quede dentro del ámbito penal", fundamentó la funcionaria, señalando la importancia de que el fuero penal mantenga la supervisión sobre el cumplimiento de las restricciones impuestas.
Asimismo, Gerbaldo profundizó sobre el encuadre normativo del ataque ocurrido el 30 de marzo y aclaró la distinción conceptual entre la no punibilidad por edad y la inocencia. La fiscal remarcó que en el proceso se acreditó la autoría del hecho y la gravedad de los daños, aunque la legislación aplicable a la fecha del suceso impidió una imputación como la que correspondería a un mayor. "El adolescente al momento del hecho era un menor considerado por la ley no punible. Sostuvimos la participación del joven en estos hechos, los daños y los padecimientos de las víctimas", puntualizó Gerbaldo, al tiempo que observó que, bajo el nuevo régimen vigente desde septiembre, la conducta habría tenido una expectativa de pena de hasta 15 años de prisión.
Por último, la representante del MPA se refirió a la situación asistencial del menor y ratificó el acompañamiento permanente a la familia del estudiante fallecido, Ian Cabrera, y a las demás víctimas. Tras indicar que el joven permanece bajo tratamiento y resguardo en un ámbito reservado por imperativo del Código Penal Juvenil, enfatizó la contención brindada por el organismo. "Tratamos de ser muy cuidadosos y de cuidar mucho a nuestras víctimas. Somos muy respetuosos de tanto dolor", concluyó la fiscal al revalidar el canal de comunicación abierto con la querella.
