Redacción El Informe de Ceres
De acuerdo con un informe elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en agosto de 2026 ingresaron 14.966 nuevos juicios en todo el país, acumulando un total de 87.553 demandas en lo que va del año. La cifra mensual se posicionó como el segundo valor más alto registrado desde la creación del sistema, situándose únicamente por detrás del pico histórico de marzo de 2017. Ante este ritmo de notificación que supera las 11.400 causas mensuales, las proyecciones para el cierre de 2026 anticipan un nuevo récord que absorbería más de 138.000 pleitos en doce meses. Desde la entidad empresaria remarcaron la paradoja que atraviesa el sector, donde las demandas judiciales continúan en aumento pese a que los índices de siniestralidad laboral disminuyen año tras año.
El incremento de causas se concentró principalmente en los mayores distritos urbanos del país. La provincia de Buenos Aires alcanzó su máximo histórico al superar la barrera de los 6.000 juicios mensuales con una suba interanual del 16%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantuvo como la segunda jurisdicción en volumen acumulado con un crecimiento del 4,2% frente al mismo período de 2025.
En el mapa nacional, Entre Ríos lideró la aceleración proporcional con un salto del 38% en el acumulado móvil de los últimos doce meses. Por su parte, Córdoba registró un repunte interanual del 28% y una suba superior al 100% en comparación con el mes de julio tras la finalización de la feria judicial.
La situación en Santa Fe expone una paradoja institucional, ya que la aceleración de demandas ocurre a pesar de la reciente promulgación de la Ley Provincial N° 14.437 en abril de 2026, orientada a corregir las distorsiones del sistema. A más de cuatro meses de su sanción con consenso político, la inercia empuja la litigiosidad hacia nuevos máximos, encareciendo la cobertura y afectando la generación de empleo registrado. En paralelo, en la provincia avanza la implementación de los Cuerpos Médicos Forenses previstos por la norma, mientras que CABA impulsa la conformación de su propio cuerpo pericial para unificar criterios entre las Comisiones Médicas y la instancia judicial.
