Redacción El Informe de Ceres
La violencia de género dejó un saldo trágico de 121 víctimas fatales en la Argentina durante el primer semestre de 2026. Así lo demostró el último relevamiento del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que vuelve a ubicar a la provincia de Santa Fe en un lugar alarmante de la estadística nacional.
El informe, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, contabilizó 105 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cinco transfemicidios y 11 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Uno de los datos más dramáticos es que 134 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes, de los cuales el 61% son menores de edad. Por otra parte, el estudio detalló que el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 69% de los asesinatos ocurrió en la vivienda de la mujer o en el domicilio que compartía con el femicida.
Santa Fe, la segunda más afectada
En el desglose por provincias, Buenos Aires encabezó el listado con 35 casos, seguida muy de cerca por Santa Fe, con 18 víctimas, y Santiago del Estero, con seis.
El relevamiento también registró 278 intentos de femicidio durante el mismo período. Según el observatorio, al menos el 17% de las víctimas fatales había realizado una denuncia previa por violencia de género, mientras que seis de los agresores tenían medidas cautelares vigentes al momento del crimen.
Entre otros datos alarmantes, el informe señaló que cinco de los autores pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, nueve de las víctimas estaban vinculadas a contextos de narcocriminalidad, nueve presentaban indicios de abuso sexual y 19 agresores se suicidaron tras cometer el hecho.
Desde La Casa del Encuentro advirtieron que las cifras no muestran un descenso de la violencia y reclamaron el fortalecimiento urgente de las políticas públicas de prevención, asistencia y acceso a la Justicia. En ese sentido, la organización exigió el cumplimiento efectivo de las leyes nacionales vinculadas con la protección de las mujeres y diversidades, la asistencia económica y psicológica a las víctimas, y la capacitación obligatoria en perspectiva de género (Ley Micaela) en todos los poderes del Estado.
