Transporte interurbano: Autorizan aumento del 30,57 % en Santa Fe

El Gobierno de la provincia autorizó una actualización tarifaria para el transporte interurbano, que finalmente será del 30,57 %, por debajo del 40 % solicitado por las empresas del sector. La medida llega luego de varios meses sin modificaciones en el precio del boleto, que se mantenía vigente desde agosto de 2025, con una estructura de costos calculada a junio de ese mismo año.

Desde la administración provincial explicaron que la decisión se basó en un estudio técnico elaborado por la Secretaría de Transporte y Logística, con el objetivo de equilibrar la situación del sistema sin trasladar un impacto excesivo a los usuarios. Entre los principales factores que impulsaron la actualización se destacan el aumento del combustible —que acumuló una suba del 57,4 %—, la variación del tipo de cambio cercana al 20 %, y el incremento en los costos salariales de los choferes.

Si bien reconocieron que el pedido empresarial era superior, las autoridades señalaron que el porcentaje autorizado responde a un criterio de responsabilidad, teniendo en cuenta tanto el contexto económico de los usuarios como la situación crítica que atraviesa el transporte interurbano, agravada por la falta de aportes nacionales.

En ese sentido, el Gobierno provincial volvió a reclamar por la distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Indicaron que Santa Fe ya destinó importantes fondos propios para sostener el sistema, incluyendo el Boleto Educativo, y que desde enero de 2024 los aportes provinciales superan los 703 mil millones de pesos.

En cuanto a la implementación, la actualización tarifaria se aplicará de manera gradual y diferenciada según cada servicio. Las empresas que aún no cuentan con el sistema SUBE podrán aplicar el incremento una vez publicado el decreto y con autorización previa de la Secretaría correspondiente. En cambio, aquellas que sí utilizan SUBE deberán actualizar sus cuadros tarifarios y enviarlos al sistema nacional para su validación antes de su puesta en vigencia.