Redacción El Informe de Ceres
La Justicia ordenó la prisión preventiva de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que dejó 96 víctimas fatales. Además, el juez federal Ernesto Kreplak dispuso un embargo por 1 billón de pesos sobre sus bienes.
En su indagatoria, García Furfaro intentó desligarse de responsabilidades y señaló que, si la sustancia estaba contaminada con bacterias, “las puso otra persona”, apuntando directamente contra Andrés Quinteros, exapoderado del laboratorio y hombre de confianza del empresario.
La imputación contra Furfaro y otros directivos que también prestaron declaración se basa en el artículo 201 bis del Código Penal, que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión para quienes adulteren sustancias medicinales o alimenticias que provoquen la muerte de personas.
En paralelo, la Cámara de Diputados constituyó la comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado, cuya creación había sido aprobada por unanimidad el 17 de septiembre. El cuerpo estará integrado por 31 legisladores de todas las fuerzas políticas y tendrá plazo hasta el 9 de diciembre para elevar un informe final. La conducción quedó conformada por Mónica Fein (Encuentro Federal) en la presidencia, Silvana Giudici (PRO) como vicepresidenta y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) en la secretaría.
El mandato de la comisión incluye relevar la cantidad de casos confirmados, probables y sospechosos, reconstruir la cronología del brote, analizar las alertas tempranas, las comunicaciones oficiales y los protocolos implementados en torno a la crisis sanitaria.
