Redacción El Informe de Ceres
En conferencia de prensa, Manuel Adorni informó que el Ejecutivo pretende modificar la Ley de Identidad de Género para prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías destinadas a amoldar el cuerpo de una persona a los caracteres del sexo opuesto, en el caso de que la persona en cuestión sea menor de edad.
“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de prohibir los tratamientos y cirugías para cambio de género en menores de edad”, se lee en un comunicado de esa dependencia, a tono con los dichos de Adorni. Para respaldar la medida, el mensaje replica los controversiales dichos que el presidente viene pronunciando desde Davos: “La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil”.
“Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental. Es por eso que países pioneros del cambio de género infantil como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y, recientemente, Estados Unidos, están dando marcha atrás, prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos”, se argumenta en el comunicado.
Tampoco se podrá cambiar de cárcel por autopercepción de género
Además, el escrito adelanta que “el Presidente de la Nación también decretará que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo, para evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra”.
De igual modo, “ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres, ni en caso de que la evaluación penitenciaria lo determine”. Según Adorni, una medida semejante “garantiza la seguridad de todas las detenidas”, teniendo en cuenta casos de agresiones sexuales que se han registrado en nuestro país y otras partes del mundo.
